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Los toros en la televisión como síntoma

Escrito por Josep Pont el 04/09/2012 a las 20:54:18
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(Vicepresidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña)

 Hace pocos días, Televisión Española anunció que, tras seis años de cordura y sentido común (además de respeto por la legalidad), volvería a emitir corridas de toros. Y dijo que lo haría a las seis de la tarde, es decir, en horario de especial protección para la infancia, una decisión que podría suponer una clara vulneración de la normativa audiovisual.

 
 
Aunque todos los catalanes y catalanas podemos ver con normalidad Televisión Española en nuestros aparatos de televisión, al tratarse de una cadena de ámbito estatal no está bajo la competencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Y tampoco lo está de ninguna otra autoridad independiente de regulación audiovisual. De hecho, ello constituye una notable anomalía. España es el único estado de la Unión Europea que no cuenta con un consejo audiovisual independiente. De 27, el único. De esta forma, sus competencias han acabado recayendo en un ministerio del Gobierno que, en la práctica, termina actuando en muy pocas ocasiones.
 
 
Cataluña, en cambio, se dotó hace casi trece años, en la línea del resto de países europeos, de un organismo independiente que vela por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual. Y, bajo su supervisión, se encuentran las cadenas de ámbito catalán, ya sean nacionales o locales.
 
 
En nuestro país, pues, conviven dos sistemas audiovisuales distintos, uno regulado –el catalán–, y otro que no lo está –el que recibimos de España. Y no es que España no disponga de una normativa audiovisual clara. La tiene, pero, simplemente, nadie la hace cumplir.
 
 
Y si echamos un vistazo a la calidad de la oferta televisiva disponible, eso a menudo se hace demasiado evidente. Podríamos encontrar muchas posibles causas que explicarían ese hecho, pero hay un par que destacan por encima de las demás: mayor exigencia por parte del público catalán y más responsabilidad por parte de las cadenas de aquí. Honestamente, y con toda la humildad, creo que el efecto disuasorio que supone el hecho de que exista un organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad también contribuye a ello.
 
 
Se da la paradoja, pues, de que de la amplia oferta de canales que vemos en Cataluña, una parte importante no son objeto de ningún tipo de supervisión. Mientras que en toda Europa, y también en Cataluña, las cadenas son conscientes de que existe un árbitro que tiene la función de velar para que se respeten una serie de garantías democráticas en el ámbito audiovisual, en España se les ha querido presentar, de forma errónea e interesada, como órganos de censura y órganos superfluos en época de crisis y, de este  modo, evitar su puesta en marcha.
 
 
Tras varios intentos fallidos, todo da a pensar que la creación de un organismo de estas características no está en la agenda española. Ante dicha pasividad, pues, será necesario que desde Cataluña seamos proactivos y sepamos encontrar en cada momento la mejor forma de defender y velar por los derechos de la ciudadanía. De forma directa o indirecta. Actuando o instando a hacerlo.
 
 
La ley así se lo encomienda al CAC: “Interesar de las demás autoridades reguladoras o de las Administraciones Públicas con competencia en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en Cataluña y no queden sujetas a la autoridad del Consejo la adopción de las medidas adecuadas ante las conductas contrarias a la legislación relativa a la programación y publicidad audiovisuales [...]”.
 
Porque hablamos de la protección de los menores, el pluralismo, la accesibilidad a los medios, el respeto a las minorías o la promoción de la lengua y la cultura. Unos pilares fundamentales que garantizan y contribuyen a la calidad de nuestro sistema democrático.
 
 
 
Josep Pont Sans
Vicepresidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña