Actualizado el 23/04/2024
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LOS INGENIEROS ESPAÑOLES ANTE LA ENCRUCIJADAEscrito por Eugenio Fontan el 09/02/2011 a las 00:18:013669
(Decano del COIT) Desde el pasado 1 de octubre de 2010, con la entrada en vigor del real decreto que regula el visado obligatorio, las profesiones reguladas en España, y concretamente las ingenierías, están siendo sometidas a un proceso de “desregulación” sin precedentes llevado a cabo desde el Gobierno sobre argumentos económicos desenfocados y que exceden en mucho los objetivos trazados por la Directiva de Servicios comunitaria, a la que distorsiona.
La nueva normativa pone en cuestión un modelo de regulación profesional desarrollado durante muchos años y que ha sido clave en el desarrollo de España y en el progreso de nuestra sociedad sobre la base de un ejercicio profesional llevado a cabo con todas las garantías necesarias.
Cuando el argumento fundamental ha sido la convergencia con Europa, cabe destacar que en países como Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Reino Unido existen hasta cuatro modelos de regulación de actividad profesional en un abanico tan variado de escenarios que contemplan desde la no regulación, hasta la regulación parcial o total. Es decir, en los países de nuestro entorno político y social, se acepta en muchos casos con total normalidad la regulación de la profesión de ingeniero en colaboración, pero no en dependencia subordinada con los títulos académicos.
Lo que obvia este nuevo planteamiento del gobierno, es que para que realmente se pueda hablar de un modelo profesional alineado con los modelos europeos, se hace imprescindible, en primer lugar, desvincular el principio de equivalencia existente actualmente, por el que título académico implica de forma automática un “título profesional” y otorga las atribuciones profesionales correspondientes.
Este nuevo sistema pasaría por un paso previo, totalmente necesario, que no es otro que el establecimiento del mapa de actividades reguladas que, desde la unidad de las ingenierías y sin fisuras, fije cuáles requieren reserva de actividad y el título profesional correspondiente. Los colegios profesionales deben consensuar con el gobierno dicho mapa, ya que es responsabilidad de éstos la regulación de la profesión amparados en la Ley 25/2010.
Para llevar a cabo dicha regulación, las organizaciones colegiales serán las responsables de la habilitación profesional y definirán los requisitos académicos, de experiencia profesional, de formación continua, así como los posibles avales de otros profesionales, del mismo modo que ocurre en los países de nuestro entorno comunitario.
Este esquema alineado con Europa precisa de un período de análisis y maduración importante, que tiene que ser llevado a cabo por las organizaciones profesionales desde la unidad de las profesiones y debatido y consensuado con la Universidad.
No merece la pena insistir en la representación profesional que encarnan los colegios, ni en la importancia de la labor que realizan para la sociedad. Me limito a mencionar que solo los nueve colegios de las ingenierías superiores englobados en la UPCI (Unión Profesional de Colegios de Ingenieros) suponen más de quince mil ingenieros. Es evidente que la aportación de este colectivo al tejido industrial, económico y de infraestructuras de España ha sido, es y debe ser fundamental en el futuro. Esperemos que en esta ocasión los colegios profesionales sean oídos, y lo que es más importante, escuchados por el gobierno.
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