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La administración local y las telecomunicaciones.

Escrito por Raimon Balart el 03/02/2010 a las 00:28:03
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Parece que los Ayuntamientos y, en general, los gestores de la cosa pública, se hayan dado de bruces de sopetón con una realidad inesperada: la proliferación de problemas de convivencia entre los ciudadanos y los elementos de telecomunicación que se han venido implantando por doquier de un tiempo a esta parte. Las radiocomunicaciones no son recientes pero sus últimas aplicaciones, que proporcionan capacidad de comunicación continua y cobertura integral, han extendido una amalgama de infraestructuras por los entramados urbanos y rurales cuyo impacto en el paisaje y en los espacios de convivencia es realmente novedoso. Es cierto que esas mismas torres de celosía repletas de antenas "inquietantes" ya existían en lo alto de las montañas y en algún edificio de empresas telefónicas pero su presencia, esporádica y, por lo común, bastante alejada de núcleos habitados, no llamaba demasiado la atención. Sin embargo, la telefonía móvil primero (con todas sus generaciones) y los Hot-Spots de Wi-Fi después (sin contar radioenlaces de todo tipo, cámaras de vigilancia remota vía radio y otros muchos elementos de comunicación, en interiores y exteriores), han convertido nuestras ciudades y pueblos en una variopinta malla repleta de antenas, casetas, armarios, palos y torres que no sólo han alterado demasiadas veces el aspecto de nuestros tejados sino la indulgente actitud (o indiferencia) con que la sociedad había acompañado esta evolución. Sin que sea necesario sacar a colación las diversas angustias sobre este mundo radiado en el que nos toca vivir, sí que es cierto que el despliegue de las redes no se ha hecho como debiera y que la implicación de la Administración no se ha producido si no es a remolque de los conflictos vecinales. Y no lo critico: ello es así y, probablemente, será siempre así, a menos que alguien disponga de una bola mágica que prevea el futuro. Sin embargo, no por llegar tarde, debe llegarse tarde y mal. A mi entender, las quejas y los varios malestares que suscita este fenómeno sólo tienen una solución y ésta es la implicación integral, básicamente de los Ayuntamientos, en una gestión urbanística y ambiental de las redes de telecomunicación que se implantan en el dominio público. Aunque conlleve un esfuerzo considerable, sus resultados bien lo merecen. El mero hecho de constatar que las autoridades están ahí, al corriente, controlando (mediante licencias y medidas) y planificando (mediante instrumentos urbanísticos específicos) el emplazamiento de cualquier instalación genera de inmediato, cuánto menos, tranquilidad y confianza en las instituciones. Nada inquieta más que la sensación de impunidad, descontrol o apatía (por parte de los mismos gobiernos que no nos dejan respirar con requerimientos, inspecciones, multas y permisos de todo tipo) alrededor de actividades que sentimos que nos pueden perjudicar. Pero que nadie se lleve a engaño: la ordenación pública debe ser justa y razonable, y debe garantizar y apoyar el suministro de las prestaciones tecnológicas sin menoscabo de los derechos de las empresas implicadas y sin dar por buenos temores no avalados por evidencia científica alguna. Pero, por favor, debe poner orden, racionalizar las inevitables agresiones al territorio evitando disparates urbanísticos, y perseguir la confluencia de operadores sobre redes conjuntas o compartidas que eviten desaguisados claramente evitables. Y, sobretodo, deben permitir al político o al funcionario dar la cara ante el ciudadano cuando se le pregunta por qué, delante de su casa, se ha levantado ese armatoste amenazante. La respuesta no puede ser "No tengo ni idea... ¿Qué cosa dice?" Debería ser: "Por qué tiene todos los permisos correspondientes, la actividad es compatible con la calificación del suelo y se le ha concedido licencia de actividad en base a este proyecto -tome-, y porque ha pasado la inspección correspondiente -tenga también-". Mucho mejor así, ¿no creen?