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Espectro radioeléctrico y pobreza digital

Escrito por Miquel Ramirez el 07/02/2023 a las 18:23:02
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(ex-Vicepresident Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació)

La materia prima de las operadoras de servicios móviles es la frecuencia. Cada operadora utiliza unas bandas de frecuencia de las que ha adquirido su derecho de uso por un tiempo determinado. Este proceso lo pone en marcha el “soberano” de las frecuencias, el Estado.

 

El espectro radioeléctrico, que podríamos definir como conjunto de las frecuencias existentes, tiene un subconjunto de frecuencias utilizables para la transmisión de información, que va ampliándose mediante los avances tecnológicos. Las frecuencias utilizables son gestionadas por el Estado, bajo unas recomendaciones de uso emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT-, organismo dependiente de las Naciones Unidas.

 

El Estado ha facilitado a las operadoras el uso de las frecuencias recomendadas por la UIT mediante unas asignaciones a las que se ha optado por diversos procedimientos, siendo el utilizado en los últimos tiempos la subasta. Mediante sucesivas subastas en diferentes bandas de frecuencia (700, 800, 900, 1500, 1800, 1900, 2100, 2600, 3500 Mhz y las que vaya proponiendo la UIT como la de 26 GHz) el Estado ha obtenido importantes ingresos que, sin ánimo de explicitar en detalle, han llegado a muchos miles de millones de euros. Estos ingresos no son una “anomalía” española, se han producido en todos los países, en Inglaterra los ingresos han sido de decenas de millones de libras.

 

Estos costes de utilización de las frecuencias se trasladan evidentemente a los precios finales que pagamos los usuarios, sería “naïve” pensar que los costes de las frecuencias se restarían de la línea de beneficios de las operadoras. En conclusión, se nos ha cobrado el uso de las frecuencias de las que como ciudadanos somos propietarios, y es entendible y no es el único caso, pasa con los costes de emisión de CO2 y otros. 

 

La petición que podemos hacer al Estado es la reversión al sector, el sector TIC, de esos ingresos.

 

Se estima que en España están en riesgo de pobreza el 21,7% de la población y que tenemos 2,2 millones de niños en esa situación. El Estado contempla la pobreza energética, ayuda con el ingreso mínimo vital … ejerce una acción social. Lo que pedimos es que el colectivo de más de un millón de niños en edad escolar y con necesidades de acceso a la sociedad de la información, sean definidos como colectivo en pobreza digital y se les faciliten los medios para acceder a la misma por medios electrónicos y así poder mejorar en su proceso de aprendizaje.

 

 

Un portátil con software adecuado y una conexión a internet es la puerta de acceso a la sociedad digital. El dinero ya lo tiene el Estado, lo ha obtenido de la cesión de uso del espectro. Solo falta darle forma, asignar que papel debe jugar cada administración, desarrollar procesos para definir los medios informáticos necesarios, hardware y software y facilitar las conexiones (como se desarrolló en su momento el servicio universal de las telecomunicaciones). Esto se puede poner en marcha de manera rápida, créanlo, es más sencillo que reparar los tanques Leopard.