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El inicio del régimen sancionador, nueva dinámica de pagos de nuestro país

Escrito por Pere Brachfield el 04/03/2014 a las 21:27:24
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(Director de estudios)

 La morosidad repercute en el tejido productivo, pues genera problemas de solvencia, lo cual pone en riesgo la viabilidad de la empresa española y que ésta sea menos competitiva. A esto se suman los problemas de acceso al crédito, ya que la financiación bancaria a día de hoy es difícil. Y es que no hay que olvidar que España es uno de los países de la Unión Europea (UE) que más tarda en pagar. 

 
 
Según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), los impagos a proveedores han causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que en España han desaparecido desde el inicio de la crisis. Además, ante la demora en el cobro de facturas, muchas empresas pierden competitividad o incluso, se ven obligadas a despedir a sus empleados. 
 
 
La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor, en su Artículo 33, ratifica que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los 60 días naturales, tal como estableció la Ley 15/2010, de 5 de julio. No obstante, estudios recientes de la PMcM revelan que el plazo medio de pago en España se encuentra en torno a los 94 días y que en los últimos cuatro años apenas ha disminuido.
 
 
Por tanto, nos encontramos ante un importante problema jurídico ya que la práctica empresarial impide que se implante el plazo máximo de pago de 60 días. En este sentido, el análisis realizado por la PMcM llegó a la conclusión de que sin penalizaciones administrativas a las empresas insumisas sería imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la legislación antimorosidad. 
Por ello, la PMcM ha venido reivindicando en reiteradas ocasiones la necesidad de que se articule un régimen sancionador que multe a las empresas que no pagan a sus proveedores en los plazos que estipula la ley. 
 
 
El pasado 11 de noviembre, durante la II Cumbre de Morosidad que organizó la PMcM, el portavoz económico de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, anunció que su partido presentaría en enero de 2014 una propuesta de ley de régimen sancionador, y así ha ocurrido, afortunadamente. 
 
 
Este hecho es de gran trascendencia porque, sin duda, cambiará la dinámica de pagos de nuestro país, acabando con esta práctica abusiva. No obstante, esto solo es el principio de un proceso que esperamos que, por el bien de todos, sea muy breve.
 
 
Desde la PMcM instamos a los grupos parlamentarios a que cumplan el compromiso que anunciaron públicamente en la II Cumbre de Morosidad de la PMcM de hacer prosperar esta iniciativa de CiU, para que el régimen sancionador se ponga en marcha lo antes posible y suponga ya el punto de inflexión que tanto necesitamos. 
 
 
Por Pere Brachfield, director de Estudios de la PMcM
 
@PereBrachfield

@PCMorosidad