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¡Desregula y….p’alante!

Escrito por Raimon Balart el 04/12/2012 a las 18:01:05
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 El nuevo ciclo político que se inició en España y en varias comunidades autónomas con los cambios de gobierno vino acompañado de algunos “principios” ideológicos incontestables sobre la gestión de la cosa pública que, puestos en práctica, deben coadyuvar a la salida de la crisis. Parte de ese mantra, llamémosle liberal, apela a desprendernos de una suerte de vicios cuasi seculares que se han convertido con el tiempo en verdaderos frenos a la recuperación económica. Entre ellos (elefantiasis estatista, descentralización excesiva, burocracia infernal, redundancia inútil en diversos niveles de la administración, etc...) hay uno que me llama particularmente la atención y que desearía sacar a colación dado mi modesto conocimiento del percal. A saber: “facilitar la actividad económica mediante la reducción de las excesivas trabas administrativas que impiden su pronto y normal funcionamiento”. Cuidado que no niego la mayor. ¿Qué empresario o agente económico no estaría de acuerdo con ello? Incluso con todas las quejas anteriores, ideologías a un lado. Por ejemplo, ¿tiene algún sentido que un establecimiento deba asegurar por partida triple (europea, estatal y autonómica) el cumplimiento de los requisitos necesarios en cuanto a contaminación acústica? ¿Reaccionan diferente las orejas de un alemán y un español ante un determinado volumen de ruido? En fin, no está en mi ánimo ir por ese camino que daría para más de uno y de dos artículos sobre la maraña legal en que, solitos, nos hemos metido. Me interesa más el debate sobre lo que, en mi modesta opinión, son soluciones simples a problemas complejos pues, guste o no, la gestión de las exigencias sociales no puede recaer sólo en bonitos propósitos pergeñados a la luz de una lámpara en el despacho de un brillante economista que sabe “lo que hay que hacer”. Dicho sea sin acritud. Y entro ahora en materia. ¿Es posible cambiar las leyes y obligaciones que ahora mismo nos estamos exigiendo unos a otros si previamente no hemos cambiado nuestras actitudes personales? ¿Acaso desconocemos que somos un país ultra-garantista donde no se aceptan los conceptos “imponderable”, “desgracia” o “accidente? Por ejemplo, si se produce un incendio en una discoteca, o una avalancha, o un empleado sufre problemas auditivos, lo primero que ésta nuestra sociedad va a exigir son responsabilidades y cabezas de turco. Un culpable que pague por ello. Y, en consecuencia, el legislador, que no quiere ir a prisión, implantará un montón de leyes que el responsable del negocio deberá cumplir. Y el Ayuntamiento, que no quiere pagar ningún pato, exigirá su cumplimiento, y las revisiones periódicas del mismo, etc., etc. Y convendrán conmigo que todo tiene su lógica. Y que la burocracia y su coste correspondiente en tiempo y en medidas preventivas afectarán a la viabilidad económica de la actividad… Otro ejemplo que nos cae más cerca. ¡¿Cómo dice?! ¿Dos años para montar una antena? ¡Por el amor de Dios, señores! Vamos a facilitar el despliegue de la cuarta generación de telefonía móvil simplificando el proceso administrativo de obtención de licencias, que se trata del interés general, del desarrollo de servicios básicos para la competitividad de la sociedad de la información y…. bla, bla, bla. Será una bonita exposición de motivos en el Real Decreto Ley. Y a mí, que me parece la mar de bien. He aquí los pros. Pero… ¿Alguien ha caído en la cuenta de cómo se combatirá luego la alarma social si esa reducción de requisitos, de comprobaciones, de comunicaciones públicas, emerge como responsable de un incidente, en qué basará su defensa la Administración ante una polémica cualquiera, si esa sociedad, objeto pasivo de las mejoras económicas inducidas por la nueva práctica, no ha sido antes persuadida en la aceptación de sus contras (sean reales o imaginadas, tanto da)?. En fin, preguntas que dejo en el aire. A mi entender, se empieza la casa por el tejado lo que inevitablemente acabará en un autoengaño y, ojalá me equivoque, en “agua de borrajas” bien intencionadas. Nada más y nada menos. Debatamos primero qué implica la simplificación administrativa, cambiemos la cultura tradicional, garantista y culpabilizadora, que tenemos tan interiorizada, establezcamos si acaso el nivel de “riesgo” aceptable en éste caos que nos rodea por mor de una mayor fluidez y beneficio en la economía y luego, y solo luego, legislemos (reduzcamos legislación) en consecuencia.

 

Raimon Balart

Ingeniero de Telecomunicación