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Ciudadanos o accionistas de redes NGA

Escrito por PERE ALEMANY el 22/06/2011 a las 14:36:20
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(Director de Aggaros)

Desde la timidez de un sector en el que la mayoría de la sociedad lo declara vital para su desarrollo, - donde nunca tiene la misma consideración en los presupuestos públicos ni privados -  aparecen múltiples y diversos posicionamientos a menudo discrepantes y siempre, obviamente, interesados sobre la forma de abordar el desarrollo de las denominadas redes de gran ancho de banda o redes de nueva generación.


 

Son posicionamientos interesados en el mejor sentido de la palabra, o sea responden al interés de impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras y cada cual expone su visión y la manera que estime más eficaz para dar este impulso.
 

 

En este sentido van las declaraciones del nuevo presidente de la CMT cuando manifiesta la voluntad de llevar a cabo medidas que incentiven la inversión por parte de los operadores.
También en este sentido apunta el informe que REDTEL publicó antes de las elecciones municipales a modo de recomendaciones para la nueva hornada de consistorios y administraciones territoriales.
 

 

Impulsar la implantación de redes NGA a la vista de la escasa inversión realizada en estas redes durante los últimos años, no es nada nuevo. La directiva europea publicada en septiembre del 2009 sobre el procedimiento para la aplicación  de ayudas de estado al despliegue de estas redes utilizaba las palabras “despliegue rápido” poniendo en evidencia que el ritmo hasta esta fecha no era el esperado.
 

 

Coincidencia de objetivos con la orientación de una parte importante de los fondos destinados al plan Avanza, de modo que el regulador, el sector, y las diferentes administraciones coinciden en el diagnóstico y en el objetivo.
 

 

Todos abogan por la cooperación público-privada, por la necesidad de minimizar la fractura digital, por la complementariedad de tecnologías fijas y móviles y, también, en la necesidad de aportación de fondos públicos cuando se trata de zonas comercialmente no rentables. Todas estas coincidencias comparten, además, una base común y en mi opinión lamentablemente muy extendida, la tácita aceptación de ineficiencia de la gestión pública.
 

 

¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar que la gestión pública sea ineficiente?
Si fuera cierto, ¿qué político responsable aceptaría que su departamento no gestiona eficientemente los recursos disponibles?. Por otra parte, a menudo se justifican concursos, procesos de externalización y concesiones en base a la mayor eficiencia de la empresa privada.
¿No sería más razonable mejorar la gestión pública? Algunos países están apostando por esta vía. No hace mucho Raj Srivastava, decano de la Singapore Management University declaraba en La Vanguardia: “Desde la independencia de Singapur, un país que no tiene recursos naturales en el que incluso la arena para construir la han de importar de la vecina Indonesia, ha sido un ejemplo de cómo la administración pública puede ser tan eficiente como la mejor de las empresas privadas”
 

 

Quien màs quien menos tiene amigos en la gestión pública y mirándoles a los ojos ¿Seríamos capaces de decirles que en nuestra bolsa compartida de riqueza, generan ineficiencia?. A menudo tengo la sensación de que les toleramos como una fatalidad inevitable, incluso con cierta condescendencia.
 

 

También en la implantación de redes de nueva generación deberíamos cuestionarnos esta premisa. ¿Por qué el despliegue y explotación de una red privada debe ser más eficiente que el de una red pública?. Si la respuesta es que la contratación de recursos materiales y humanos desde la administración pública no es eficiente, cambiemos estas condiciones, si el problema son los incentivos a los directivos, apliquemos incentivos a la gestores públicos, si la idea de que un bien común no es de nadie y nos perjudica, trabajemos para cambiar esta idea. ¿Qué diferencia hay entre un colectivo de 2 millones de accionistas y la población de Castilla-La Mancha? ¿No estarían de acuerdo todos los castellano-manchegos en debatir  anualmente en junta de ciudadanos las decisiones de su consejo y aprobar o no el reparto de dividendos? ¿Podríamos convertir nuestros impuestos en participaciones? Seguro que son preguntas inmaduras e ingenuas sobre las que no he reflexionado suficiente. Estoy dispuesto a intentarlo.