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CENDOJ, el negocio en el candado

Escrito por JOSEP JOVER I PADRO el 11/11/2025 a las 12:35:02
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(Advocat i gestor de conflictes)

La doctrina del Supremo de 2011 ya advirtió contra monopolizar la reutilización.

 

La industria digital vive de interfaces claras y de datos accesibles. Por eso chirría que el CENDOJ pida, ahora, resolver un CAPTCHA en el flujo de consulta pública de resoluciones judiciales: una traba que rompe la automatización razonable de agentes y pipelines de legal analytics. El aviso legal introducido, además, recuerda la prohibición de descargas masivas y la reutilización condicionada por el CGPJ.

 

La base jurídica invita a lo contrario. El art. 13 del Texto Refundido de la LPI excluye de propiedad intelectual las resoluciones judiciales y los actos de los poderes públicos; lo que procede es anonimizar, no blindar con barreras a máquina. A nivel europeo, la Directiva (UE) 2019/1024 impone el principio de open by design and by default y exige formatos legibles por máquina y condiciones no discriminatorias; España la incorporó vía RDL 24/2021, modificando la Ley 37/2007. Para ecosistemas data?driven, esto significa API, bulk access documentado y rate limits predecibles, no formularios antibot.

 

No es la primera vez que se propicia desde el CGPJ el “negocio del candado”. En 2010, el CGPJ aprobó el Reglamento 3/2010 sobre reutilización; en 2011 el Tribunal Supremo tuvo que anularlo por la falta de competencia que generaba y por el riesgo de monopolizar condiciones y precios. El propio Consejo lo recogió en un informe específico. Traducido a ingeniería de producto: las reglas de acceso a datos públicos no pueden fijarse como walled-garden discrecional.

 

El derecho comparado marca el camino. Francia opera Judilibre con API pública y decisiones pseudonimizadas; Reino Unido mantiene Find Case Law con un marco de Open Justice y licencia para análisis computacional; BOE ofrece API para legislación y sumarios oficiales. El patrón es consistente: apertura con controles técnicos, no fricción opaca.

 

Bajo la superficie, persiste la economía circular de las sentencias: el CENDOJ suministra materia prima (resoluciones) y el valor editorial (sistematización, notas, abstracts) se comercializa por grandes editoriales, con participación de magistrados y exmagistrados como autores de reseñas. comentarios y manuales.

 

Ese circuito es legítimo si hay transparencia en incentivos, trazabilidad de fuentes y neutralidad en el acceso primario. Lo contrario, distorsiona el mercado legaltech y perpetúa asimetrías de información.

 

Segundo ángulo técnico: el buscador no es neutral por defecto. El ranking condiciona la citabilidad. Sin documentación pública sobre factores de ordenación y con herramientas limitadas de filtrado/auditoría, se eleva el sesgo hacia ciertos órganos o formatos y se penaliza la recall de doctrina minoritaria pero relevante. Esto se corrige publicando el algoritmo de ranking a nivel de factores, ofreciendo API con filtros auditables, y habilitando exportación masiva de listados con ECLI y metadatos completos para reproducibilidad.

 

Tercer ángulo: el miedo no es al bot, es a la auditoría a escala. Los equipos de data science pueden detectar vaivenes jurisprudenciales y asimetrías de trato si acceden al corpus completo. Un sistema confiado favorece esa auditoría: API oficial con claves, rate limits dinámicos, fair use profesional, defensa contra scraping depredador, y anonimización reforzada. Todo, alineado con la doctrina del Supremo y la norma europea de datos abiertos.

 

Como contraste interno, las sentencias del Tribunal Constitucional se consultan y descargan sin ese cerrojo, con integración en el BOE (incluido XML). Esa incoherencia mina la experiencia del usuario y penaliza la innovación local frente a stacks comparables en Francia y Reino Unido.

 

Los datos públicos son infraestructura. Un poder judicial que confía en su jurisprudencia no teme a los logs ni a los gráficos de un dashboard. La disyuntiva es simple: luz con reglas —APIs, licencias y telemetría— o opacidad por miedo. España debe decidir de qué lado de la historia de la ingeniería quiere estar.

 

Josep Jover