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A vueltas con las antenas y sus radiaciones

Escrito por Raimon Balart el 20/10/2010 a las 00:05:43
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Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, es de temer que las quejas sobre las estaciones de telefonía móvil aparezcan de nuevo aprovechando la especial "sensibilidad" de los políticos en fechas electorales. Alguna noticia reciente sobre un juez que dio por sentada la supuesta nocividad de las radiaciones electromagnéticas tendrá mayor repercusión, a buen seguro, que el último estudio científico del que tengo constancia (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8685839.stm) y que, de hecho, confirma lo sabido hasta ahora: no existe evidencia probada que avale determinados temores sociales sobre el uso de estas tecnologías, aunque se siga investigando intensamente (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8637466.stm). Dicho sea con el mayor respeto, sería deseable que las eventuales víctimas de pintadas, carteles y concentraciones de protesta no prometieran cosas que luego no van a cumplir, bien porque no encontrarán base legal para ello, bien porque no van desvestir un santo para acabar vistiendo otro. O dicho en prosa, porque no van a poder clausurar de buenas a primeras esas actividades si disponen de todos los permisos, con los problemas legales que ello acarrearía, o si los responsables políticos fueron los primeros en incumplir sus obligaciones sobre la autorización de las mismas. Y porque no van a dejar sin señal de un operador a los vecinos así, sin más. Pero vaya, no hay por qué alarmarse dado que la situación se puede reconducir a poco que se encare con un poco de serenidad y sentido común. Por lo pronto, puede uno comprometer solemnemente un estudio exhaustivo del estado legal de las instalaciones bajo sospecha y, por qué no, sobre todas la que recaigan bajo su responsabilidad. Segundo: puede uno ser honesto y transparente, pactando con ciudadanos afectados y operadoras el desarrollo de herramientas de gestión que introduzcan todos los controles urbanísticos, medioambientales y de seguridad que sean pertinentes, sin menoscabo del derecho a proporcionar y servirse de esas tecnologías. Tercero: deben integrarse esas herramientas en los procesos internos de autorización e inspección de todas las actividades reguladas por la Administración de manera que la máquina legal funcione de forma automatizada para las instalaciones de radiocomunicación y pueda uno olvidarse de ellas. Es evidente que prometer es gratis aunque la economía no está para bollos ni promesas. Está por ver si habrá recursos disponibles para acometer lo antedicho y otras tantas tareas perentorias que Ayuntamientos, Diputaciones, etc.,... tienen sobre la mesa. Pero eso es harina de otro costal. Es decir, es POLÍTICA, en mayúsculas, decidir dónde invertir unos presupuestos que siempre serán insuficientes. Sin embargo, dado lo acontecido hasta ahora y que la polémica no tiene visos de remitir, me atrevería a augurar que ningún responsable de gobierno podrá escapar a esta tarea si no es por el camino señalado. Tiempo al tiempo... Raimon Balart Ingeniero de Telecomunicación