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Nuestro gozo en un pozo

Escrito por Redacción TNI el 09/11/2011 a las 21:37:16
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La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha acordado, entre otras iniciativas parlamentarias, la caducidad del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones[1] . Esta iniciativa, que se hallaba en tramitación [2] en el momento de la disolución de la Cámara, a raíz de la convocatoria de las próximas elecciones generales, ha caducado a consecuencia de esta disolución.

Ello implica que, una vez constituida la nueva Cámara, será el nuevo Gobierno quien presente un nuevo Proyecto de ley que deberá iniciar de nuevo su tramitación y análisis en sede parlamentaria.

El Proyecto de ley, ahora caducado, fue presentado para su tramitación ante las Cortes Generales el pasado mes de mayo, y tenía como uno de los objetivos principales la transposición al ordenamiento jurídico estatal de las modificaciones introducidas por la Comisión Europea en el paquete telecom, aprobado en 2002, hace 2 años mediante la Directiva 2009/140/CE (Directiva de mejor regulación) y la Directiva 2009/136/CE (Directiva de derechos de los consumidores); así como el Reglamento (CE) 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones electrónicas (ORECE) y la Oficina; y la Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2009, que modifica la Decisión 2002/622/CE por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico. 

Entre las previsiones que recogía la iniciativa parlamentaria, que cuando se decretó su caducidad estaba en fase de enmiendas, se encontraban la creación de un marco adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación, la figura de la separación funcional en los supuestos de fallo persistente de la competencia en el mercado, ajustes y modificaciones de terminología, en lo referente a cuestiones relativas a interconexión, numeración, direccionamiento y denominación. Así mismo, el Proyecto establecía previsiones relativas al concepto de servicio universal y a las obligaciones derivadas de la prestación de éste y se reforzaban las competencias Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre todo en aspectos tales como numeración, información y calidad de los servicios.

En lo referente a los derechos de las personas usuarias, el Proyecto de ley contemplaba previsiones relativas al plazo para cambiar de operador, a la protección de las personas usuarias con discapacidad y a la información que se recibe en aspectos relacionados con contratos, privacidad y uso de las redes. Por último, en lo relativo a la regulación del dominio público radioeléctrico, se generalizaban los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, y se promovía el mercado secundario del espectro, que suponía la posibilidad de reventa de ese recurso.

Cabe recordar que la Comisión Europea estableció el 25 de mayo de 2011, como la fecha límite de transposición en los respectivos ordenamientos jurídicos de los países miembros de la Unión de las modificaciones introducidas por las mencionadas Directivas.