El mercado europeo ha mantenido una fuerte dependencia estructural de proveedores externos a la Unión Europea en lo que respecta a tecnologías digitales cómo las de la nube, los chips o la inteligencia artificial entre otras. Como una primera respuesta orientada a mitigar las vulnerabilidades presentes en la cadena de suministro global, el bloque comunitario introdujo en 2023 la Ley de Chips pero, a pesar de esta iniciativa, el viejo continente ha continuado dependiendo de terceros países para el diseño y la producción de componentes avanzados. A esta situación histórica se le suma el incremento en la demanda de capacidad de computación derivado de la paulatina expansión de las redes de procesamiento de datos.
Ante esta coyuntura técnica y de mercado que he explicado, la Comisión Europea ha presentado el llamado Paquete de Soberanía Tecnológica Europea que, según las autoridades comunitarias, tiene como objetivo evitar que los servicios públicos, las redes energéticas y los centros hospitalarios dependan de sistemas controlados por actores externos a la misma UE.
Las instituciones europeas sostienen que el mercado único y la base industrial y de investigación del continente deben ser utilizados para que la región pueda tomar decisiones propias orientadas a la protección de los intereses y la seguridad de los ciudadanos.
El núcleo de esta iniciativa se compone de nuevas propuestas legislativas, entre las que se encuentra una actualización de la normativa sobre semiconductores, un nuevo texto que pretende impulsar el desarrollo de componentes avanzados, un sector que se estima representará una amplia mayoría del mercado hacia el año 2030.
La legislación plantea acelerar la concesión de permisos, fomentar la cooperación con socios internacionales y crear un distintivo específico para las zonas europeas que produzcan semiconductores, con un enfoque general que busca acercar a los fabricantes la demanda estructural de los centros de datos e instalaciones a gran escala, garantizando la inversión frente a posibles riesgos de suministro. Paralelamente, se ha introducido una normativa centrada en el desarrollo de la nube y el aprendizaje automático (machine learning).
La meta establecida en este texto es multiplicar por tres la capacidad de los centros de datos europeos en un plazo de entre cinco y siete años. La ley busca simplificar las condiciones para el despliegue de estas instalaciones, exigiendo el cumplimiento de criterios de sostenibilidad para alinear el crecimiento tecnológico con los compromisos climáticos existentes en la región, a la vez que se protege la información sensible.
Dentro del mismo paquete se incluye una estrategia destinada al código abierto, un sector que cuenta con más de tres millones de colaboradores en el continente, según afirman desde la Comisión Europea. La intención gubernamental es escalar estas alternativas en áreas como la ciberseguridad e Internet, financiando la formación de profesionales, apoyando a empresas emergentes, y garantizando el mantenimiento a largo plazo de dichas infraestructuras digitales. Esta estrategia también promueve el uso de estos sistemas en las administraciones públicas mediante el establecimiento de pautas específicas de contratación e interoperabilidad.
Pero como el incremento de la infraestructura digital conlleva un mayor consumo eléctrico, se ha diseñado una hoja de ruta que busca integrar los centros de procesamiento de datos en la red eléctrica de manera transparente, asegurando el suministro de energía limpia y, paralelamente, la protección de los recursos hídricos.
Este documento de planificación promueve, además, la instalación de contadores inteligentes con el propósito de facilitar el control del consumo por parte de los usuarios, buscando una consecuente reducción en las facturas. El presente plan también plantea la creación de modelos de procesamiento de datos específicos para el sector energético, los cuales deberán ser desarrollados por empresas locales y entrenados con información europea, con el fin de simplificar el intercambio transfronterizo de datos.
Tras la presentación de estas medidas, las propuestas legislativas iniciarán su proceso ordinario de negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su eventual adopción y entrada en vigor. A corto plazo, está previsto que durante este próximo mes de julio se anuncie una convocatoria destinada a la construcción de instalaciones a gran escala para el procesamiento de datos.
Finalmente, se abrirá un periodo de consultas con los países miembros y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones con el objetivo de establecer un mecanismo financiero a gran escala que respalde estas iniciativas de autonomía tecnológica.
