Actualizado el 07/05/2024
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El COETTC alerta del paso atrás que supone la creación de la CNMC y la nueva Ley LEGETELEscrito por Redacción TNI el 17/01/2014 a las 10:15:411984
El decano del COETTC, Ferran Amago, y el Consejo Asesor (CA ) del Colegio alertan nuevamente el paso atrás que ha representado la creación de la CNMC, la falta de ingenieros entre sus consejeros y directores generales, así como la aprobación de la ley LeGeTel.
A la cola de la Unión Europea
La concentración en la nueva CNMC de la autoridad de la competencia y los reguladores sectoriales de los mercados de las comunicaciones electrónicas y audiovisual, el de la energía, el ferroviario, el postal, y el aeroportuario, conjuntamente con el debilitamiento de las atribuciones de los reguladores en favor de los ministerios del Gobierno central hace temer una pérdida de calidad de la regulación en unos sectores donde España se encuentra ya a la cola de los países europeos por lo que se refiere a algunos de los servicios regulados(1).
Tanto la composición del Consejo de la CNMC, así como los criterios de nombramiento de los primeros directivos, han supuesto una falta de los conocimientos técnicos específicos de cada sector de los responsables de la regulación ex ante. Asimismo, la pérdida de la independencia económica que tenía la CMT, y el retorno al Ministerio de Industria y Energía de algunas de las potestades de control y sancionadoras, en contra de las prácticas vigentes en los países líderes de la UE, hace temer un importante retroceso en sectores clave para la competitividad de nuestra economía y la cohesión social de nuestro país.
El CA del COETTC considera muy preocupante que en la actual composición no se encuentre ningún ingeniero de formación ni en el Consejo ni en el primer nivel directivo de la CNMC, y la regulación de sectores tan técnicos quede en manos de profesionales que aportan solamente la formación y experiencia necesarias en aspectos económicos y jurídicos.
Una ley polémica desde el principio
Además, y ante la aprobación de la nueva LeGeTel, prevista para comienzos de 2014, que se añade a la desaparición de la CMT, el colectivo de profesionales que suscribe este documento quiere expresar una vez más la su preocupación por el impacto que el nuevo marco legislativo y regulatorio puede llegar a tener en el sector de las comunicaciones electrónicas y del audiovisual.
Una de las principales preocupaciones es que deja en manos del Ministerio de Industria y Energía el portamiento de sus registros y el de la TDT, así como la gestión del espectro de radiofrecuencias, las competencias en materia de relaciones con los usuarios y las de seguridad e integridad de las redes. También preocupa la reducción del poder sancionador del regulador, que pierde la potestad de recaudar las tasas a los operadores, y la cláusula de cierre que da al Ministerio de Industria y Energía las competencias de todo lo que explícitamente no se contempla que sea trabajo propio la CNMC.
Es por ello que urgimos a la sociedad civil a presionar al Gobierno central para garantizar el cumplimiento de las directivas europeas en los mercados regulados para mejorar la cantidad, calidad y precio de los servicios así como la atención a los usuarios y sus reclamaciones.
(1) -EC Monitoring consumer markets in the European Union . GfK
Conclusiones y recomendaciones
Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación de Cataluña consideramos que:
- La concentración de la autoridad de la competencia y los reguladores sectoriales de los mercados de comunicaciones electrónicas en un macro regulador debe contribuir a la mejora de los servicios regulados y en la defensa de los derechos de los usuarios, y no al contrario.
- Este órgano debe consolidar su independencia y se regirá bajo los criterios de conocimiento técnico, jurídico, económico, rigor y especialización por parte de los profesionales encargados de la regulación.
- La eliminación de las barreras burocráticas y normativas en el despliegue de redes y prestación de servicios de telecomunicaciones que la LeGeTel prevé, debe ir acompañada de medidas y mecanismos de coordinación y colaboración con la UE, el Estado, las comunidades Autónomas y especialmente con las entidades locales de acuerdo con las competencias atribuidas a las diferentes administraciones públicas.
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